Nuncio Apostólico de Ecuador: es positivo afrontar los hechos de corrupción, también los más graves

Quito, ECUADOR (Agencia Fides, 24/01/2018) - Es responsabilidad de todo ciudadano “conocer e informarse sobre las preguntas del referéndum”; “la votación conducirá a la sociedad hacia el camino de la libertad, la democracia y la independencia de poderes, bases para la convivencia armónica”. Así lo afirma, a dos semanas del referéndum que propone cinco enmiendas constitucionales, una carta abierta a la ciudadanía, difundida por la Conferencia Episcopal de Ecuador y recibida en la Agencia Fides. En un clima de gran fragmentación política, los obispos recuerdan a los bautizados que “como hombres y mujeres de Iglesia, nuestro voto libre y consciente será iluminado por la Palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia”. Y subrayan: “Necesitamos consolidar la democracia y todo aquello que nos devuelva: Paz pública, respeto a todos y un futuro mejor”.

Sobre el momento histórico que vive el país, el Nuncio Apostólico en Ecuador, el Arzobispo Mons. Andrés Carrascosa, consultado por la Agencia Fides, considera que “definir al país inestable es exagerado”. “Todos los países atraviesan fases políticas más o menos problemáticas. En Ecuador hay serenidad de fondo, y me parece positivo que se afronten a través de la justicia los delitos que salen a la luz, sin distinción en función de su gravedad”. El Nuncio añade que, para fortalecer la multiculturalidad y la multietnicidad en Ecuador, se debe tener cuidado de que la “pseudo-cultura moderna, que conduce a la uniformidad, no anule las características propias de cada etnia y cultura”. “Un país - señala el Arzobispo Carrascosa - se fortalece cuando no se olvida de su relación con Dios, y desde ahí valora su capacidad de servicio a los demás”. Precisamente en este sentido, el país está llamado a recibir “lo que el Papa Francisco propone, es decir, un regreso al Evangelio”.

Las cinco preguntas en las que se basa el referéndum del 4 de febrero se refieren a enmiendas que pretenden prohibir la participación política electiva y disponer el embargo de las propiedades de los culpables de corrupción; cancelar la posibilidad de reelección ilimitada para las autoridades políticas (incluido el Presidente de la República); reformar el organismo responsable del Poder de Transparencia y Control (introducido por la Constitución anterior promovida por Rafael Correa, junto con el Electoral); eliminar el la prescripción de delitos de pedofilia y prohibir la minería en áreas protegidas y centros urbanos.