Daca, BANGLADESH (Agencia Fides, 12/06/2018) – Es urgente un enfoque que respete los derechos
humanos y la dignidad humana frente al problema de las drogas en
Bangladesh. Es lo que pide Rita Haldar, una trabajadora social que opera
en Daca, al hablar sobre “la guerra contra las drogas” que las fuerzas
de Seguridad de Bangladesh han lanzado y en virtud de la que han
asesinado a más de 140 personas y arrestado a 18.000 en tres semanas. Es
el resultado de la campaña promovida por el primer ministro Sheikh
Hasina, quien, según algunos observadores, ha adoptado las mismas
medidas que el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas. La campaña
antidrogas fue aprobada por la Hasina el 15 de mayo. Bangladesh incluso
está considerando la introducción de la pena de muerte para los delitos
relacionados con las drogas.
La campaña tiene como objetivo detener la propagación del “ya ba”, como
se llama en bengalí a una metanfetamina que en el país registra un
volumen de facturación de 3.000 millones de dólares al año, según cifras
del gobierno.
“Hay un enfoque violento y represivo, que no descarta las ejecuciones
extrajudiciales y arrestos arbitrarios. La represión en el país debe
detenerse”, señala Haldar. “Es urgente una alternativa que no sea matar o
arrestar a las personas de forma indiscriminada”, lamenta. “Las
personas que tienen problemas con las drogas deben de seguir un proceso
de rehabilitación y reintegración en la sociedad en lugar de sufrir
violencia o ser eliminados. La campaña del gobierno va contra los
derechos humanos y la dignidad”, dice Haldar en la Agencia Fides.
Activistas pro derechos humanos dicen que el primer ministro Hasina y su
partido Awami League (AL) intentan frenar el mercado de drogas para
usarlo como una herramienta política de cara a las próximas elecciones
programadas para este 2018. “La campaña antidrogas en Bangladesh siembra
el terror y consolidará el poder político, pero no servirá para
erradicar las drogas”, asegura Haldar.
Según los activistas, la campaña de Bangladesh se basa en datos y
testimonios dudosos: el gobierno de Bangladesh dice, sin pruebas
concretas, que siete millones de ciudadanos son adictos a las drogas.
Algunos presuntos traficantes de drogas fueron asesinados durante las
operaciones policiales. El Ministerio del Interior de Bangladesh explicó
que los oficiales les mataron porque los sospechosos se resistieron al
arresto.
En Bangladesh, el gobierno ya fue acusado de perseguir a opositores
políticos y defensores de los derechos humanos antes de esta “guerra
contra las drogas”. “Si la verdadera intención del gobierno es abordar
el problema de las drogas en Bangladesh, sería necesario fijarse en los
modelos de sanidad pública que se desarrollan en algunos países
vecinos”, concluye Haldar.
En Malasia, el gobierno ha puesto en marcha programas sociales que
consideran la droga como un “problema de salud pública” y no como una
simple cuestión de orden público. En Tailandia, después del enfoque
punitivo de la era del presidente Thaksin Shinawatra, la sociedad civil
apoyó un cambio en esta política mediante la introducción de un enfoque
más pragmático orientado a la salud, asegura Jonas Bagas, activista que
trabaja para “APCASO”, una red regional de Ong. “Estos programas no son
perfectos, pero se basan en un enfoque más humano y también más eficaz
de cara al problema de la distribución y el consumo de droga”, indica.