Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 04/06/2020) - Una gran parte de la sociedad civil en
Filipinas ha lanzado una campaña para oponerse a la controvertida nueva
ley antiterrorismo que acaba de aprobarse en el Parlamento. Activistas
de derechos humanos, líderes católicos, abogados, académicos, sacerdotes
y religiosos plantearon un animado debate, mientras el Congreso de
Filipinas aprobaba la ley antiterrorista 2020 ayer, 3 de junio. En la
Cámara de Representantes, 173 legisladores votaron a favor, 31 en contra
y 29 se abstuvieron. El proyecto de ley, para entrar en vigencia,
necesita la firma del presidente Rodrigo Duterte, una mera formalidad ya
que su gobierno ha sido el promotor.
Antes de que el Congreso votara sobre la nueva medida, el presidente
Duterte dijo que "el proyecto de ley era urgente porque tenía que
contener la amenaza de actos terroristas" para proteger la seguridad
nacional y promover el bienestar general".
Según los activistas, la nueva ley hace un uso excesivamente amplio y
amorfo de los términos ‘terrorismo’ y ‘acto terrorista’, que podrían
usarse para silenciar cualquier disidencia hacia el gobierno y reducir
drásticamente los derechos humanos y las libertades civiles, reprimiendo
a los opositores políticos.
Según la nueva ley, un ciudadano puede ser arrestado sin una orden
judicial y verse sometido a una orden de detención de 14 días, por orden
de un nuevo organismo establecido por la misma ley, llamado "Consejo
Antiterrorismo", incluso en ausencia de la acusación formal de un
tribunal. Se permite la vigilancia, las escuchas telefónicas y la
invasión de la privacidad de cualquier persona bajo la mera sospecha de
ser un presunto terrorista, incluso sin evidencia de haber cometido
irregularidades.
La medida también revoca las sanciones financieras para quienes ordenan
un arresto injustificado y eliminan otras garantías existentes contra el
abuso por parte de los agentes de policía, "aumentando así la
probabilidad de una impunidad grave por mala conducta de las fuerzas
estatales", señala a la Agencia Fides el p. Daniel Pilario, sacerdote y
teólogo de Manila.
El abogado Mel Santa María, presidente del dell'Institute of Law della
Far Eastern Universi comenta que "el proyecto de ley será una espada
mortal en la mano de cualquier déspota". José Manuel Diokno, decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, dirigida por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, dice: “Según la ley, las personas
pueden ser arrestadas simplemente por orden del Consejo. Este mecanismo
es similar a los actos realizados durante la era del dictador Ferdinando
Marcos".
En una declaración pública enviada a Fides, varios líderes cristianos,
preocupados por la erosión de los derechos humanos, señalan que "la
nueva ley podría ser utilizada como un abuso por aquellos que desean
dominar al pueblo, cancelar la oposición y también suprimir el disenso
legítimo. Este diseño de ley provocará una nueva disminución del espacio
democrático y un debilitamiento del debate público que será perjudicial
para nuestra nación". Los líderes cristianos creen que el nuevo
proyecto de ley es innecesario porque las leyes existentes ya son lo
suficientemente efectivas como para combatir el crimen y el terrorismo".
Nuestros pobres ya están cargados de pobreza y sufrimiento de todo
tipo. Necesitan leyes positivas para ayudarlos a vivir en dignidad y
paz", agregan.
Entre los firmantes de la nota están el obispo Broderick Pabillo,
administrador apostólico de Manila, el obispo Gerardo Alminaza de San
Carlos, el obispo Reuel Norman Marigza del Consejo Nacional de Iglesias
de Filipinas y el obispo Rhee Timbang de la Iglesia Independiente de
Filipinas.