Mons Vargas en la víspera de la Ley Araucanía recuerda la deuda con el pueblo Mapuche

Arica, CHILE (Agencia Fides, 12/06/2017) - Al participar en un taller sobre la realidad nacional que se celebró ayer en Arica, al norte de Chile, el Obispo de Temuco, Mons. Héctor Vargas, explicó su experiencia como miembro de la Comisión de diálogo para la causa Mapuche. “Han sido seis meses de acoso constante y de duras críticas llovidas por todas partes - dijo el obispo de acuerdo con la nota recibida por la Agencia Fides -. Nada más ser nombrado miembro de la comisión, las reacciones fueron terribles. Nunca he visto tantas mentiras, calumnias y denigración gratuita”.

El trabajo de la Comisión Consultiva para la Araucanía comenzó el 8 de julio de 2016, y continuó hasta el 23 de enero de este año, cuando se entregó un informe final a la Presidenta Michelle Bachelet. Casi seis meses de trabajo de 22 representantes de diversos sectores de la zona en la que, de acuerdo con el prelado, ha habido dificultades, pero también episodios curiosos.

“Cuando nos encontramos por primera vez, eramos 22 desconocidos, donde la mitad miraba con recelo a la otra mitad – explicó Mons.Vargas -. Cada uno hacia sus cuentas y, en principio, cada uno defendía su propio campo. Fue entonces cuando sugerí que no votásemos las propuestas. Si tan sólo uno de nosotros no estaban de acuerdo, no se aceptaba la propuesta. Al final estuvimos de acuerdo en 70 propuestas”.

En la conclusión, el obispo explicó: “Según el último censo, hay más de 200.000 mapuches que viven en la Novena Región El pueblo mapuche, y no estoy hablando de grupos extremistas, que son muy pocos, sigue siendo extremadamente tranquilo. De las 3.500 comunidades, no hay más de 40 involucradas en la violencia. A pesar de las 18 iglesias quemadas, creo profundamente que, al margen de los grupos extremistas y violentos, existe una deuda importante con este pueblo”.

A finales de junio debería estar listo el proyecto de la “Ley Araucanía”. El texto, elaborado siguiendo las conclusiones de la Comisión, ha generado críticas incluso antes de llegar al parlamento. En particular, las comunidades acusan a las autoridades de no haberlas tenido en cuenta para redactar la ley.