Islamabad, PAKISTÁN (Agencia Fides, 21/11/2018) - “La policía debe arrestar a Qari Mohammad
Salim y a las dos mujeres musulmanas que han inventado falsas
acusaciones de blasfemia contra Asia Bibi, una cristiana inocente que
pasó 9 años en prisión”. Es lo que declara a Fides Taskeen Khan,
activista pro derechos humanos en Pakistán, que añade: “Es hora de que
el estado corrija este abuso, de lo contrario, continuará la impunidad”.
En la sociedad civil pakistaní, activistas pro derechos humanos,
organizaciones y comunidades de diferentes religiones han comenzado a
hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el
uso indebido de la ley de blasfemia en Pakistán. Babar Ayaz, un
musulmán, escribe después de la absolución de Asia Bibi: “Felicito a los
jueces de la Corte Suprema por adoptar una postura valiente contra los
abusos de la ley anti-blasfemia. Antes de que Zia-ul-Haq, ex presidente
de Pakistán, extendiera la aplicación de la ley contra la blasfemia,
había muy pocos casos de quejas en el país”.
En la ley de blasfemia que tal y como existe hoy en día, en el artículo
295 del Código Penal prohíbe dañar cualquier lugar de culto o un objeto
sagrado. El artículo 295 a prohíbe la vulneración de los sentimientos
religiosos; el 295 b castiga la ofensa al Corán y 295 c prohíbe
calumniar al profeta Mahoma.
El activista católico Rashid Gill, coordinador de la Comisión Justicia y
Paz de los Superiores Mayores en Karachi, asegura a Fides: “Es triste
ver que, por razones personales, se invoca y se abusa de la ley de la
blasfemia. La familia de Asia Bibi ha sido destrozada y ahora todos
corren peligro de muerte”. Y remata: “Exigimos que a los falsos
acusadores sean se les aplique el mismo castigo infligido a los
blasfemos en cada caso de presunta blasfemia. Esta será la única manera
de detener el abuso de la ley de blasfemia”.
En marzo pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Pakistán
propuso enmiendas a la ley para castigar las acusaciones falsas
sugiriendo que se impongan las mismas sanciones a quienes infrinjan la
ley. Actualmente, de acuerdo con el Código Penal de Pakistán (PPC),
aquellos que registran una queja con declaraciones falsas enfrentan
hasta siete años de prisión y una multa de 200.000 rupias (1330 euros).
La Comisión del Senado propone endurecer estas penas.
Sin embargo, en el Senado, la medida ha sido aprobada debido a la
oposición del partido político islámico Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl
(JUI-F), que pidió no enviar el proyecto de ley al Consejo de Ideología
Islámica para su ratificación. En 2010, el Consejo recomiendó varias
enmiendas, instando al gobierno a “tomar las medidas apropiadas,
administrativas, de procedimiento o legislativas para detener los casos
de abuso de la ley anti-blasfemia”, pero indicando la oposición absoluta
a la derogación de la ley. El Consejo sugería además que fuera
obligatorio para el demandante aportar evidencias para que los casos
pudieran pasar al Tribunal Supremo (tribunal de segundo grado) y no por
los tribunales de primera instancia.
Según datos de la Comisión Justicia y Paz de los obispos de Pakistán,
entre 1987 y 2014 633 musulmanes han sido acusados de blasfemia, 494
ahmadíes, 187 cristianos y 21 hindúes. Como señalan varios abogados, en
la mayoría de los casos se trataban de acusaciones falsas.