Obispos de la Amazonia solicitan a las autoridades más atención por el Covid-19, que se está extendiendo rápidamente en la región

Brasilia, BRASIL (Agencia Fides, 05/05/2020) – “Nosotros, obispos de la Amazonía, ante el avance incontrolado del COVID-19 en Brasil, especialmente en la Amazonía, expresamos nuestra inmensa preocupación y exigimos una mayor atención de los gobiernos federales y estatales a esta enfermedad que se está extendiendo cada vez más en esta región”. Inicia con estas palabras la “Nota de los obispos de la Amazonia brasileña sobre la situación de los pueblos y el bosque en tiempos de pandemia de covid-19” publicada ayer, 4 de mayo, firmada por 65 Obispos y 2 Administradores apostólicos de seis regiones de la Conferencia nacional de los obispos del Brasil (CNBB), además del Presidente de la Comisión episcopal especial para la Amazonia, el Cardenal Claudio Hummes.

“Los pueblos de la Amazonía exigen especial atención de las autoridades para que sus vidas no sean violadas – continúa el texto recibido en la Agencia Fides -. La tasa de mortalidad es una de las más altas del país y la sociedad ya está presenciando el colapso de los sistemas de salud en las principales ciudades, como Manaos y Belém. Las estadísticas proporcionadas por los medios de comunicación no se corresponden con la realidad. Las pruebas son insuficientes para conocer la expansión real del virus. Muchas personas con síntomas evidentes de la enfermedad mueren en casa sin asistencia médica y sin acceso a un hospital”.

Los obispos recuerdan la responsabilidad de las autoridades públicas que deben implementar estrategias de atención responsable para los sectores de población más vulnerables: viven con un alto riesgo los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras comunidades tradicionales que también se extienden al bosque. “Los datos son alarmantes” subrayan, recordando que “la región tiene la proporción más baja de hospitales en el país”. Además de los pueblos del bosque, las poblaciones urbanas, especialmente en las periferias, están expuestas a la pandemia y sus condiciones de vida se degradan aún más por la falta de saneamiento básico, vivienda, alimentación y empleo. “Son migrantes, refugiados, pueblos indígenas urbanos, trabajadores industriales, trabajadoras domésticas, personas que viven del trabajo informal y que piden protección de la salud. Es obligación del Estado garantizar los derechos establecidos en la Constitución Federal ofreciendo condiciones mínimas para que puedan superar este grave momento”.

El documento denuncia que la minería y la deforestación han aumentado de manera alarmante en los últimos años, ayudadas por la reducción de las inspecciones y “el continuo discurso político del gobierno federal contra la protección del medio ambiente y las áreas indígenas protegidas por la Constitución Federal (Art. 231 y 232)”. Luego los obispos lanzan la alarma advirtiendo: “Con la Amazonía cada vez más devastada, las sucesivas pandemias serán aún peores que la que estamos experimentando actualmente”. Otro motivo de preocupación es el aumento de la violencia en el campo, un 23% más que en 2018. En 2019, el 84% de los asesinatos (27 de 32) y el 73% de los intentos de asesinato (22 de 30) tuvieron lugar en la Amazonía, según los datos del “Cuaderno de Conflictos en el Campo Brasil 2019″ de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT Nacional).

Los obispos de la Amazonia brasileña concluyen la nota exhortando a la Iglesia y a toda la sociedad a medidas urgentes como: fortalecer las políticas públicas, especialmente el Sistema Único de Salud (SUS); rechazar discursos que descalifiquen y desacrediten la efectividad de las estrategias científicas; adoptar medidas restrictivas para la entrada de personas en todos los territorios indígenas, debido al riesgo de transmisión del nuevo coronavirus; realizar pruebas en la población indígena para adoptar las medidas de aislamiento necesarias; proporcionar el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la OMS, en una cantidad adecuada y con las instrucciones correctas de uso y descarte; proteger a los profesionales de la salud que trabajan en los frentes de salud de los pueblos, acompañándolos también en sus debilidades psicológicas y físicas; garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, afrodescendientes, ribereños y otras poblaciones tradicionales en la Amazonía; fortalecer las medidas de inspección contra la deforestación, la minería; Garantizar la participación de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes de las poblaciones tradicionales en espacios de deliberaciones políticas, entre otras.