Bogotá, COLOMBIA (Agencia Fides, 30/09/2015) – El acuerdo sobre justicia que firmaron las FARC
y el Gobierno de Colombia no contempla la
reclusión para quienes confiesen la verdad ni tampoco requiere
precisiones u otros desarrollos, porque el acuerdo está cerrado: lo
declaró ayer 29 de septiembre, el grupo rebelde, en una declaración que
ha mostrado las profundas contradicciones entre las partes.
Según el gobierno, el acuerdo, que permitió superar el tema más difícil
de la negociación, establece que los responsables de asesinatos,
masacres, secuestros, tortura, desaparición forzada y violencia sexual
deberán ser sancionados y someterse a restricción de la libertad en un
sitio específico, austero y vigilado.
La nota recibida en la Agencia Fides, confirmada por las agencias de
prensa, señala sin embargo que el jefe de las negociaciones del
gobierno, Humberto de la Calle, ha dicho este lunes 28 de septiembre,
que el acuerdo sobre justicia está en desarrollo y que aún faltan
aspectos por determinar y concluir, así como decisiones por adoptar.
En el documento firmado tampoco está claro si los guerrilleros quedarán a
salvo de la extradición a Estados Unidos, en donde están acusados por
narcotráfico o secuestros, o si recibirán amnistía.
El Gobierno y las FARC se han comprometido a firmar, a más tardar en
seis meses, un acuerdo para acabar con el violento conflicto armado que
dura ya 50 años.
Hace unos días el director de la Secretaría Nacional para la Pastoral
Social, Mons. Héctor Henao Gaviria, dijo: “El país debe entender que la
justicia va más allá de una prisión”, en referencia al acuerdo sobre la
justicia de transición anunciada por el gobierno y el grupo guerrillero
de las FARC la semana pasada.