Hassaké, SIRIA (Agencia Fides, 23/10/2015) - Los Jefes de las Iglesias y de las
organizaciones e instituciones cristianas sirias de la provincia noreste
de Hassaké, han expresado su firme oposición al proyecto de
“conservación y gestión” de las propiedades de los emigrantes, sostenido
por las fuerzas políticas y administrativas locales, de matriz curda.
En una declaración firmada por los obispos y los jefes de las
comunidades cristianas locales – incluido el Arzobispo Jacquies Behnan
Hindo, cabeza de la Archidiócesis siro católica de Hassaké-Nisibi -
pero también por los movimientos y organizaciones que trabajan en la
sociedad civil - tales como corporaciones rurales de campesinos y la
organización juvenil de la reconciliación nacional - se denuncia como
“contrario a los derechos humanos”, el derecho autoproclamado de las
autoridades locales para confiscar y administrar los bienes y
propiedades de personas que se han visto obligadas a abandonar sus
hogares y emigrar debido al actual conflicto en Siria.
Según los firmantes de la denuncia, dicha disposición constituye una
amenaza para la presencia de los cristianos en la región, a los que en
las zonas rurales pertenecen más del 30 por ciento de las tierras y los
bienes. La decisión de crear órganos de control y gestión de los bienes
pertenecientes a personas que han abandonado temporalmente la zona es,
en opinión de los líderes de las Iglesias y comunidades cristianas, una
medida de intimidación para los que se han visto obligados a abandonar
su hogar - y que después de someterse a la expropiación forzosa de sus
bienes ven peligrar realmente su derecho a retornar – al igual que a los
que se quedan, se les induce a pensar que es mejor vender su propiedad
antes de que se la expropien en el caso de una ausencia temporal.
Con esta decisión – se lee en el comunicado - se avivan las llamas del
conflicto confesional. En el mismo comunicado, enviado a la Agencia
Fides, los líderes cristianos de la región hablan contra el aumento
arbitrario de los impuestos y de los intentos de injerencia de las
autoridades locales sobre el funcionamiento y los programas de las
escuelas privadas, comenzando por las relacionadas con las diversas
comunidades cristianas.
A las denuncias de los líderes cristianos de la región de Hassaké han
respondido los representantes del Partido Unión Democrática (PYD),
sigla política kurda vinculada al PKK, según los cuales la gestión y la
protección de la propiedad de las personas que han huido tiene como
objetivo prevenir precisamente que se produzcan apropiaciones abusivas
por parte de individuos privados.