Turbo, COLOMBIA (Agencia Fides, 26/07/2018) - Cáritas de Colombia cuenta en un breve
documental la historia de los desplazados de Paquemás, refugiados
internos del conflicto armado, que después de 21 años están regresando a
su tierra con el apoyo de la Iglesia. “Los reclamantes de tierras de
Paquemás, 21 años logrando el retorno digno”, es el título del
documental producido con la cooperación de la diócesis de Apartadó y de
Caritas Internationalis a través de las Cáritas nacionales unidas en el
“Grupo de Trabajo para Colombia”.
En 1997, debido al conflicto entre la guerrilla, el ejército y los
paramilitares, un centenar de familias de la aldea campesina de
Paquemás, -municipio de Turbo en la región de Antioquia-, se vieron
obligadas a marcharse. El regreso fue posible solo recientemente con el
fin de la violencia y gracias a la Ley 1.448 / 2011 para la asistencia y
“reparación íntegra” a las víctimas, que prevé la restitución de la
tierra y una indemnización que les permita emprender una actividad
económica. Aunque, en muchas ocasiones, el estado no dispone de los
recursos necesarios para garantizar el regreso a casa, especialmente
debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad, especialmente en
los territorios desmilitarizados de las FARC.
Cáritas es una de las realidades que lo está haciendo posible. “En 2013
estábamos buscando un grupo, un caso de personas que exigieran las
tierras usurpadas, para así apoyarlos y acompañarlos en este proceso, y
luego proponer otros casos”, explica a Fides Luz Marina Quintero, una de
las coordinadoras del proyecto. “La idea no era partir de cero, sino de
un grupo que ya estaba experimentando una dinámica de cooperación para
que fuera más sencillo alcanzar el éxito”. Después de consultar varias
diócesis, la elección recayó en Paquemás, “porque ya habían pensado
organizarse y eran un caso emblemático a nivel nacional”.
El acompañamiento permitió fortalecer el compromiso y el conocimiento de
sus derechos, les permitió crear lazos con las con instituciones y
entre las familias para la protección de la seguridad personal y
colectiva, reduciendo significativamente los riesgos derivados de las
amenazas grupos delictivos (antiguos paramilitares, ex guerrilleros
disidentes y no guerrilleros) que defienden los intereses de los
ocupantes ilegales. Cáritas comenzó con un proyecto de investigación en
el terreno, con capacitación e impacto en la opinión pública. Se resumió
toda la información sobre las causas judiciales ya abiertas de manera
individual y se profundizó el conocimiento de la ley mientras se
realizaban actividades de sensibilización, lo que despertó la conciencia
pública a nivel nacional e internacional.
Gracias a las Cáritas europeas involucradas, se visitaron instituciones
como el Parlamento Europeo, el Parlamento británico o las Naciones
Unidas. A esto se sumó un proyecto financiado por la Unión Europea para
la formación de defensores de los derechos humanos. Ambos proyectos,
junto con uno específico de la Cáritas colombiana, han permitido
consolidar la asociación “Asopaquemás”, que hoy gestiona la producción
agrícola. “Después de 5 años, - asegura Luz Marina Quintero- , decidimos
salir del proceso, que ha sido muy fructífero ya que más del 35% de los
hogares han obtenido sentencias de restitución de tierras y han
regresado o están regresando al menos el 30%”. Ochenta de las 105
familias locales son parte de la asociación.
“Lo que sucedió en Paquemás es un ejemplo a nivel nacional”. Quintero
cuenta cómo las personas desplazadas enfrentaron serios problemas cuando
intentaron regresar a sus tierras ocupadas. “La ley afirma su propiedad
de la tierra, pero no ofrece garantías para un retorno efectivo”.
Regresaron solos, y no siempre sin la ayuda de la policía o, una vez
establecidos, sufrieron amenazas o daños materiales como incendios, el
asesinato de sus animales o la destrucción de las cercas de sus
granjas”. Los ocupantes tienen quienes los defienden por la fuerza, y
son, con frecuencia son líderes políticos, industriales o altos
funcionarios. Al principio, los líderes de las familias fueron
asesinados. Caritas requirió entonces medidas legales de protección y el
acompañamiento de la policía, pero la solución llegó cuando los dueños
de las propiedades comenzaron a regresar a Paquemás en grupos de
familias. Creció entonces la sensibilización. “El asesinato de un líder
ya no era una medida disuasoria para los delincuentes, porque había más
de un líder”, concluye la coordinadora.
Posteriormente, en colaboración con la policía, se proporcionó
protección a los amenazados a los que se escondió por un tiempo. Ahora
las sentencias se presentan en un acto público en el pueblo más cercano
del territorio, una medida “que también tiene una fuerza simbólica” de
soberanía ciudadana, subraya Quintero. La policía informa a los
ocupantes y procede a su “desalojo”. Sin embargo, las familias que
vuelven siguen siendo vulnerables aunque el hecho de re-ocupar las
tierras, si lo hacen dos o tres familias juntas, reduce notablemente el
riesgo.