La Santa Sede, según la práctica adoptada por los Estados soberanos, hizo regresar al sacerdote en cuestión que se encuentra actualmente en la Ciudad del Vaticano.
Recibida la información del gobierno estadounidense, la Secretaría de Estado la transmitió al Promotor de Justicia del Tribunal Vaticano.
El Promotor de Justicia ha abierto una investigación y ya ha iniciado una colaboración internacional para recopilar datos relativos al caso.
Se recuerda que, según lo dispuesto por las leyes vigentes para todas las instrucciones preliminares, las investigaciones del Promotor de Justicia están sujetas a la confidencialidad investigativa.
