Pará, BRASIL (Agencia Fides, 16/09/2017) – En 2016, la Comisión para la Pastoral de la
Tierra (CPT) reportó el asesinato de 66 personas entre líderes y
defensores de derechos humanos, el mayor número en los últimos 32 años.
Por eso, el Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDDH)
ha solicitado la intervención de las Naciones Unidas (ONU) y de la
Organización de Estados Americanos (OEA) mediante una carta de denuncia.
En la carta, que denuncia la violencia sufrida por estas personas, el
Comité exhorta a las organizaciones internacionales a que soliciten
información al Estado brasileño sobre la protección de los defensores de
los derechos humanos en el país. Sólo a partir de agosto de 2017, unos
59 de ellos fueron asesinados en Brasil. Esta solicitud fue anunciada el
13 de septiembre, durante la reunión “Fronteras de Lucha”, el Seminario
Nacional sobre Protección de los defensores de derechos humanos
promovido por el CBDDDH en Brasilia.
El coordinador nacional del CPT, el Padre Paulo César, uno de los
coordinadores del seminario, ve con gran preocupación el escenario
actual y atribuye el aumento de la violencia a la ausencia del Estado
brasileño causada por la reducción del presupuesto y el desmantelamiento
de las políticas públicas que podría suavizar los conflictos.“El Estado
brasileño no tiene respuestas e incluso se ha convertido en un promotor
de injusticias” se lee en la nota enviada a la Agencia Fides por la
Conferencia Episcopal de Brasil.
El padre Paulo Cesar cita, por ejemplo, la reducción del presupuesto del
Instituto Nacional de Colonización y de Reforma Agraria (Incra). Una
consecuencia de esto es la falta de distribución de los títulos de
propiedad de las tierras de los Quilombolas.
Este año, el 78% de los asesinatos ocurrieron en el Amazonas. El informe
del CBDDDH destaca los casos considerados emblemáticos: las masacres de
Pau D'Arco en Pará en mayo, cuando murieron
diez trabajadores rurales; y la de Colniza, en Mato Grosso, donde
murieron nueve campesinos y agricultores fueron asesinados durante el
mes de abril; o el ataque a los pueblos
indígenas de étnia Gamela, siempre en el mes de abril, en Maranhão, que
causó 22 heridos; el estado de Rondônia, aunque no ha registrado tales
ataques este año, ha sido el que ha acumulado el mayor número de
defensores asesinado entre 2015 y 2016.
En el documento enviado a la ONU, la Comisión solicita una visita
oficial de los miembros de este órgano para probar la situación de los
defensores de los derechos humanos en Brasil, particularmente en Pará,
ante la expectativa de continuar investigando la masacre de Pau d'Arco y
las tensiones que permanecen en el lugar.
El seminario “Fronteras de Lucha”, en su tercera edición, finalizó ayer
viernes 15. Las docenas de participantes se centraron en el desarrollo
de estrategias de acción conjunta para garantizar la protección de los
defensores y garantizar los derechos humanos en el país.