Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 20/07/2020) - “En medio de este panorama político desolado,
encontramos consuelo en los grupos de abogados y ciudadanos comunes que
han presentado peticiones ante la Corte Suprema, cuestionando la
constitucionalidad de la nueva ley firmada. ¿El más alto nivel de
nuestro poder judicial afirmará su independencia, o también cederán a la
presión política?·, escribe el obispo de Caloocan, Pablo Virgilio
David, presidente interino de la Conferencia Episcopal de Filipinas
(después de la indisposición de salud sufrida por el presidente Romulo
Valles, arzobispo de Davao), en una carta pastoral, recibida en la
Agencia Fides, en la que critica la aprobación y la entrada en vigor de
la nueva ley antiterrorista, a pesar de la fuerte oposición que se
registra en todo el país.
La carta pastoral ha sido leída en todas las misas el domingo 19 de
julio. La nueva ley, que entró en vigor el 18 de julio, confiere poderes
especiales al ejecutivo en la lucha contra el terrorismo, pero los
defensores de los derechos civiles creen que puede usarse para combatir
la disidencia y la libertad de conciencia.
El obispo David señala que se trata de un “modelo de intimidación” que
crea un “clima perjudicial para la libertad de expresión”. La carta
señala los problemas críticos actuales del sistema democrático: la forma
en que los activistas son etiquetados como “comunistas”; los falsos
cargos de “sedición” presentados contra el clero; el largo camino de
asesinatos relacionados con la “guerra contra las drogas”; la detención
prolongada de la senadora opositora Leila de Lima; el “efecto
escalofriante” causado por el cierre de la emisora ABS-CBN, cuya
concesión de transmisión no ha sido renovada por el Parlamento. La
emisora había criticado abiertamente al presidente Duterte tanto en la
campaña electoral como después de su elección.
El obispo David deplora la forma en que la “presión política desde
arriba” ha ejercido un gran peso sobre los legisladores que votaron por
la ley de terrorismo propuesta, sin escuchar las “voces desde abajo”.
“No parecía importarles la disidencia de muchas de las personas que
representan: asociaciones de abogados, académicos, sectores económicos,
sindicatos, organizaciones juveniles, ONG, movimientos políticos,
comunidades religiosas e incluso el gobierno de la región de
Bangsamoro”, escriben los obispos. Todos estos grupos han expresado
preocupación por la vaga definición de “terrorismo” y “acto terrorista”,
temiendo que los agentes del orden puedan abusar de ellos y cometer
violaciones de los derechos civiles y humanos.
En la Carta, los obispos dicen que confían en todos aquellos dentro y
fuera de la administración pública que “actúan solo como lo requiere la
conciencia y no se dejan intimidar por presiones políticas en el
cumplimiento de sus deberes constitucionales”. “Son un elemento
importante para fortalecer nuestras instituciones gubernamentales y son
una clave esencial para un sistema democrático estable y funcional”,
agregan, invitando a todo el pueblo de Dios a una oración especial por
el bien común de la nación.