Bagdad, IRAK (Agencia Fides, 21/07/2020) - El Patriarcado caldeo, guiado por el Patriarca
Louis Raphael Sako, sigue con preocupación el caso de los iraquíes
residentes desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos de América que
son repatriados a su país natal por no haber obtenido aún los documentos
necesarios para obtener la nacionalidad estadounidense, o por haber
sido acusados de haber cometido delitos. En un comunicado difundido el
lunes 20 de julio, el Patriarcado caldeo definió esta medida dispuesta
por la Administración de los Estados Unidos como una forma de
deportación “inhumana e inmoral”, porque afecta a personas residentes en
los Estados Unidos desde hace muchos años, a veces obligadas a
separarse de su familia o a llevar consigo a Irak a sus hijos nacidos en
América que no hablan árabe, exponiendo así a todo el núcleo familiar
al riesgo del aislamiento social y de la falta de trabajo y de medios de
subsistencia. El pronunciamiento patriarcal, difundido a través de
los canales oficiales del Patriarcado caldeo, espera un replanteamiento
por parte de la Administración estadounidense, que proteja los derechos y
la tranquilidad familiar a los iraquíes potenciales víctimas de los
dispositivos de expulsión.
El jueves 2 de julio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no
aceptó la petición de un importante grupo de iraquíes que solicitaban el
bloqueo de las disposiciones de expulsión y repatriación forzosa a Irak
dictadas por los sistemas judiciales estadounidenses.
El caso afecta a unos 1.400 iraquíes residentes en los Estados Unidos,
algunos de los cuales se han visto afectados durante mucho tiempo por
medidas de expulsión, que se aplicaron después de haber sido juzgados
por delitos. Muchos de ellos, en las peticiones presentadas para eludir
los decretos de expulsión, sostenían que la repatriación forzada a Irak
los exponía al riesgo de sufrir “torturas y persecuciones”. Hasta hace
algunos años, eran los propios Gobiernos iraquíes los que se oponían a
las repatriaciones forzosas de sus conciudadanos residentes en los
Estados Unidos y afectados por medidas de expulsión. La situación ha
cambiado desde junio de 2017, debido a las nuevas normas de inmigración
aplicadas por la Administración Trump. Estas normas también condujeron
en junio de 2017 a la detención de 114 iraquíes a disposición de la
Immigration and Custom Enforcement (ICE, la Agencia Federal de Control
de Fronteras y de Inmigración de los Estados Unidos). En las
semanas siguientes, como informó la Agencia Fides, el juez Mark Goldsmith de Detroit consiguió temporalmente
bloquear la deportación de cristianos caldeos y de otros inmigrantes
iraquíes, demostrando que los casos penales y judiciales que pesaban
sobre muchos de los iraquíes amenazados con la deportación - y
evidenciados por la policía como la razón de su deportación - en
realidad eran casos “inactivos”, sacados a la luz para la ocasión, de
una manera evidentemente engañosa.
En realidad, ya antes del intento de resistencia legal actuado por el
juez Doldsmith, la operación de repatriación se produjo después del
acuerdo entre los EE.UU. e Iraq en el que el gobierno iraquí acordó
acoger un cierto número de ciudadanos iraquíes sometidos a órdenes de
expulsión, con el fin de ser eliminado de la lista negro de las naciones
afectadas por el llamado “muslim ban”, el bando del presidente Donald
Trump para impedir el acceso a Estados Unidos de ciudadanos de seis
países de mayoría musulmana considerados como potenciales “exportadores”
de terroristas.