Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 06/07/2020) – “Filipinas se enfrenta a la crisis de Covid-19
pero, a pesar de la urgencia de la situación, la administración del
presidente Rodrigo Duterte está trabajando sobre todo en la
consolidación de su poder. Por el momento no hay un plan concreto para
detener la propagación del coronavirus, mientras que el presidente
Duterte si que ha firmado la ley antiterrorista draconiana”: lo afirma
una declaración enviada a la Agencia Fides por la red “First Union” que
reúne a organizaciones y líderes de comunidades religiosas, abogados,
representantes sindicales, grupos humanitarios, ONG y asociaciones.
La legislación, firmada el 3 de julio por el presidente, después de la
aprobación del Parlamento, entrará en vigor oficialmente 15 días después
de la firma del presidente. El texto confiere poderes sin precedentes
al ejecutivo. Un nuevo organismo llamado Consejo contra el Terrorismo,
compuesto por altos gabinetes y oficiales militares, tendrá el poder de
ordenar el arresto, el congelamiento de activos o la vigilancia de
individuos y organizaciones sospechosas de ser terroristas. “El hecho de
que los miembros del ejecutivo ejerzan poderes que solo el poder
judicial debería tener, es una burla a la separación de poderes en
virtud de la Constitución de Filipinas”, afirma el comunicado.
“Aún más aterrador - señala la red First Union – es que allana el camino
al autoritarismo a gran escala, permitiendo al presidente y al gobierno
deshacerse de sus rivales políticos y otros disidentes. La definición
amplia de terrorismo incluye la incitación a actividades terroristas a
través de discursos, escritos y pancartas. La administración de Duterte a
menudo se ha referido a los políticos de la oposición, a los activistas
políticos, sindicalistas y abogados de derechos humanos como
‘terroristas’ o ‘comunistas’, equiparando el activismo y la disidencia
con la violencia política destinada a derrocar el gobierno. Esta
legislación también permite a las autoridades arrestar a presuntos
terroristas sin una orden judicial y detenerlos durante 14 días,
prorrogables hasta 24 días, sin acusaciones comprobadas”.
La red condena enérgicamente la promulgación de la ley antiterrorista e
invita a los filipinos de todo el país y del resto del mundo a unirse
para protestar contra este intento de “dictadura introducida por la
puerta del servicio” en Filipinas por el presidente Duterte.
La red de organismos cristianos llamada “Church People-Workers
Solidarity" (CWS) también está de acuerdo con estas posiciones, y
solicita que la ley antiterrorista sea abolida inmediatamente porque
“pondrá en peligro aún más los derechos humanos del pueblo filipino”.
“Las protestas legítimas, las huelgas y otras formas de acción colectiva
de los trabajadores que solo piden salarios, seguridad laboral y salud
pueden ser calificadas como un acto terrorista bajo la ley antes
mencionada”, señala la red CWS
“Por lo tanto, la ley antiterrorista aumentará la represión de los
derechos democráticos básicos de los trabajadores, y de todos los
ciudadanos, la libertad de palabra, expresión y reunión”, se lee en la
nota enviada a Fides. La red señala que algunas leyes existentes ya se
han utilizado para atacar los derechos de los trabajadores, en una
asamblea pacífica, a pesar de la legalidad y la constitucionalidad de
las acciones de protesta mencionadas.
CWS reitera que, en este momento difícil en medio de la pandemia de
Covid-19, “el gobierno debe priorizar las necesidades básicas y urgentes
de las personas y no una ley que reprima los derechos humanos legítimos
y las libertades civiles”.
Mientras tanto, se han presentado los primeros recursos ante la Corte
Suprema contra la ley antiterrorista. Varios grupos de abogados,
asociaciones y ONG han anunciado apelaciones que, por un lado, piden la
suspensión inmediata de los efectos de la ley, hasta que se reconozca la
plena constitucionalidad; por otro lado, las peticiones solicitan su
revocación total, declarándola inconstitucional.