Conversiones forzadas al Islam: se necesita urgentemente una medida ad hoc para proteger a las minorías religiosas

Karachi, PAKISTÁN (Agencia Fides, 17/07/2019) - "La sociedad civil no puede ignorar la responsabilidad de los gobernantes de garantizar un acceso justo a las libertades civiles y a la justicia para todos los ciudadanos. Hoy en día es esencial introducir una legislación ad hoc para la protección de las minorías religiosas en Pakistán, especialmente para contrarrestar el fenómeno de las conversiones forzadas al Islam". Así lo expresó el católico Peter Jacob, activista de derechos humanos y presidente del Centro de Justicia Social (CSJ) de Pakistán, a la Agencia Fides, comentando los recientes episodios de violencia y abuso cometidos contra jóvenes mujeres cristianas y otros miembros de comunidades minoritarias en la nación.

La familia de Saima Sardar, una enfermera cristiana de Faisalabad, que en los últimos días se negó a convertirse al Islam y a casarse con un musulmán, Muhammad Idrees, que la mató, sigue conmocionada. Según datos recogidos por fuentes de la Agencia Fides, en Pakistán, el fenómeno de las conversiones forzadas afecta oficialmente cada año a más de mil niñas, hindúes y cristianas, pero estos son solo los casos denunciados, que salen a la luz.

Mientras la indignación de la población por el fenómeno de las conversiones forzadas crece, el Parlamento de la Provincia de Sindh adoptó ayer, 16 de febrero, por unanimidad, una resolución en la que se pide "que se ponga fin a esta práctica y que se tomen medidas contra las personas implicadas".

En su conversación con Fides, Jacob sostuvo: "La Comisión para las minorías en la provincia de Sindh sigue inactiva mientras que el gobierno federal y otros gobiernos provinciales aún no han aprobado la ley para establecer comisiones especiales para los derechos de las minorías", haciendo caso omiso de la disposición de la Corte Suprema del 19 de junio de 2014. "El gobierno federal debería considerar la posibilidad de promulgar leyes contra la conversión para frenar el triste fenómeno de los secuestros y las conversiones forzadas de niñas hindúes y cristianas al islam". Acerca de la protección de las minorías religiosas, Jacob añadió que "no hay voluntad política de los responsables de la toma de decisiones y de las instituciones, por indiferencia o ineptitud".

El abogado Ali Palh, un conocido activista de derechos humanos, también expuso su preocupación por el aumento incontrolado de la incidencia de las conversiones forzadas y dice: "Es hora de que el gobierno introduzca garantías legales concretas para prevenir los matrimonios y las conversiones forzadas, manipuladas o impuestas de la fe", esperando una intervención más cuidadosa de los tribunales. Kalpana Devi, activista hindú, está de acuerdo y llama a la "coordinación interministerial y a prevenir la violencia, investigar y perseguir el fenómeno de las conversiones forzadas".

Chaman Lal, activista hindú y estudioso del fenómeno, dijo a Fides: "Las conversiones forzadas de mujeres jóvenes de minorías a menudo van acompañadas de crímenes de injusticia económica, violencia de género y crímenes relacionados con la libertad religiosa. Algunas figuras influyentes promueven o facilitan este fenómeno, manipulando impunemente los procedimientos legales. Además, en cualquier procedimiento judicial, el resultado de las audiencias es favorable a los autores de la violencia y no a las víctimas".