Yangon, MYANMAR (Agencia Fides, 30/03/2017) – La Iglesia Católica en Myanmar, las 
organizaciones de la sociedad civil y varias organizaciones no 
gubernamentales internacionales han expresado su plena aprobación a la 
decisión de la ONU de establecer una investigación oficial y una misión 
para investigar las violaciones de los derechos humanos contra los 
musulmanes Rohingya en el estado de Rakhine. La medida ha sido 
oficializada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha 
promovido una “misión de investigación internacional independiente” para
 “garantizar la plena responsabilidad y garantizar la justicia para las 
víctimas” de las violaciones de los derechos humanos en Rakhine. Al 
mismo tiempo, se ha extendido por un año más el mandato del Relator 
Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar. El Gobierno de Birmania se ha disociado públicamente de la 
resolución de la ONU.
En una nota enviada a la Agencia Fides, la ong de inspiración cristiana 
“Christian Solidarity Worldwide” (CSW) observa: “La resolución del 
Consejo de la ONU para los Derechos Humanos envía un mensaje importante 
al pueblo de Birmania: la comunidad internacional se compromete a 
abordar la desgarradora situación del país, particularmente en el estado
 de Rakhine. Lamentamos el hecho de que el gobierno birmano se haya 
disociado de la presente resolución y lo instamos a cooperar plenamente 
con la misión para esclarecer los hechos, proporcionando acceso completo
 y sin restricciones a los mensajeros de las Naciones Unidas, en 
particular al estado de Rakhine, pero también a los estados Kachin y 
Shan. Hay, de hecho, informes de graves violaciones de los derechos 
humanos también en el norte del país”. CSW pide también que el ejército 
birmano detenga inmediatamente la ofensiva militar en Rakhine para 
permitir el acceso a la ayuda humanitaria para los desplazados.
La condición de la población musulmana rohingya se ha deteriorado 
rápidamente desde octubre de 2016. El 9 de octubre de 2016, nueve 
policías murieron en un ataque contra dos lugares de la guardia de 
fronteras en Rakhine en la frontera entre Birmania y Bangladesh. El 
militar de Birmania ha calificado el episodio como un “acto de 
terrorismo”, desencadenando una amplia ofensiva militar contra la 
población civil, que ha llevado a una grave crisis humanitaria y a un 
flujo de evacuados. Los soldados están acusados de cometer violaciones 
graves de los derechos humanos contra los rohingya, quemando casas, 
llevando a cabo ejecuciones sin juicio, torturas y violaciones en masa.
Ya en febrero, según los resultados de una misión en Myanmar, el Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un amplio “Flash
 Report” sobre las violaciones de los derechos humanos en el estado de 
Rakhine, hablando de una “política orquestada por un grupo étnico o 
religioso para aterrorizar a la población civil de otro grupo étnico o 
religioso” y expulsarla de un territorio determinado. Según el informe, 
desde el 9 de octubre, unos 90.000 Rohingya se han convertido en desplazados internos o tras-fronterizos.
 
